CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

Son juicios que se promueven en única instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se suscitan conflictos entre poderes o niveles de gobierno, y lo que en ellas se controvierte es si alguno de ellos afecta a otro en su esfera competencial, contraviniendo con ello a la Constitución Federal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó ayer la discusión de la controversia constitucional que interpuso el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, en la que impugna una reforma de 2007 a la Ley de Coordinación Fiscal que resultó en la reducción de fondos federales para la ciudad de México.

En la sesión del pleno, los ministros únicamente resolvieron que entre las facultades del Congreso de la Unión está legislar sobre coordinación fiscal, pero los puntos más importantes de la demanda, entre ellos determinar si el Poder Legislativo tiene facultades para no consultar a los estados integrantes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal antes de cambiar las fórmulas para el reparto, y la falta de proporcionalidad y equidad en la distribución de recursos que deriva de dichas fórmulas, se determinará en la sesión del próximo jueves.

El principal elemento de la coordinación fiscal consiste en que la Federación por un lado ofrece, vía participaciones, mayores ingresos a estados y municipios, a cambio de derogar o suspender sus propias fuentes de tributación, o atenerse a las consecuencias. Es decir, enfrentarse a la imposición de los tributos de la Federación, a los que se adicionarían los gravámenes estatales y municipales, por lo que los habitantes de un estado no coordinado sufrirían de una doble o triple tributación y de desventajas competitivas en materia fiscal en relación con el resto de las entidades.
La controversia constitucional fue presentada a principios de 2008.

CHEQUEN EL VIDEO CHAVOS.. HABER QUE OPINAN SOBRE UN TEMA QUE HABIAMOS COMENTADO ANTERIORMENTE!

http://www.youtube.com/watch?v=dYnsAhhLW0g

LA LEGITIMA DEFENSA, CONSTUIRA UN DELITO...

La legítima defensa o defensa propia es, en Derecho penal, una causa que justifica la realización de una conducta sancionada penalmente, eximiendo de responsabilidad a su autor, y que en caso de no cumplirse todos sus requisitos, permite reducir la pena aplicable a este último. En otras palabras, es una situación que permite eximir, o eventualmente reducir, la sanción ante la realización de una conducta generalmente prohibida.

Una definición más concreta revela que la defensa propia es: el contraataque o repulsa de una agresión actual, inminente e inmediata con el fin de proteger bienes jurídicos propios o ajenos.

Fundamentos

A lo largo del tiempo, la legítima defensa ha sido objeto de estudio de multitud de juristas, que trataban de encontrar una justificación que explicara por qué surgió el concepto, y por qué se ha mantenido. Especialmente Descartes, Hart, Bobbio, Kelsen y Monroy Cabra, se han puesto en la tarea de dar fundamentos de normas presupuestas dentro del sistema jurídico internacional, dando normas fundantes indispensables para la creación de constituciones y derechos adquiridos propios de cada una de las personas que conforman la colectividad nacional internacional.

Así pues, algunos trataron de ver en la figura una manifestación jurídica del instinto de conservación innato en el ser humano, es decir, aquel rasgo natural que pese al tránsito hacia la vida en sociedad, ni puede ni debe ser eliminado. Esta tesis está, hoy en día, superada por la doctrina, a la que no le basta una justificación que no puede explicar la legítima defensa de persona ajena, ni la defensa de bienes jurídicos sin alcance vital.

Defensa del Derecho

También hubo un sector que afirmó que la legítima defensa respondía, en exclusiva, al interés que el Derecho tiene en prevalecer sobre el injusto, sobre la agresión al Ordenamiento jurídico. Pese a ello, la teoría fue rechazada por no tener en cuenta que la legítima defensa sólo puede realizarse por un ataque contra el Derecho que afecte a bienes jurídicos personales. Si esta fuera la explicación, la legítima defensa podría utilizarse para defender cualquier ataque contra el Derecho, sea de la naturaleza que sea, llegando a la absurda conclusión de que el Ordenamiento jurídico apoya la autotutela, negando de esta manera una de las principales justificaciones que se dan del Derecho como fenómeno social.

Falta de protección estatal

Esta posición tuvo una especial repercusión, y atribuía la existencia de la legítima defensa a una situación en la que los bienes jurídicos a proteger no podían ser salvados por el Estado, de manera que la única forma de evitar que sean dañados es permitiendo que quien esté posibilitado para tal tarea, cuente con el respaldo jurídico del Derecho.
Las críticas a esta justificación se centraron en destacar que no tiene por qué suponer un fundamento material de la autorización de la defensa particular, y que en multitud de ocasiones, la ausencia de la protección estatal no indica necesaria y definitivamente la aparición de una legítima defensa, así como la presencia de tal protección tampoco supone la imposibilidad de aplicar la figura.

Tesis dominante

La práctica totalidad de la doctrina penalista contemporánea coincide en señalar que la fundamentación de la legítima defensa se apoya sobre dos pilares, una doble fundamentación que se centra en el aspecto individual y supraindividual del concepto.
Por un lado, el aspecto individual se centra en señalar que existe una necesidad de defensa del bien jurídico personal, algo que además de descartar la defensa de bienes jurídicos colectivos, explica con claridad la importancia que el Derecho da a la protección del bien de esa naturaleza, que ha sido puesto en riesgo por una agresión ilegítima.
Respecto al aspecto supraindividual, se afirma que el Derecho busca atacar y frenar las conductas antijurídicas, las agresiones ilegítimas que ponen en suspenso su soberanía en las relaciones sociales. La doctrina alemana tiende a usar un principio, según el cual, "el Derecho no ha de ceder frente al injusto". Entiéndase injusto en el sentido del componente enumerado en la teoría del delito. Debido precisamente a ese carácter de injusto, los bienes del agresor pierden importancia con respecto a los del defensor, quedando parcialmente desprotegidos al no exigirse una reacción proporcional o subsidiaria.
Cabe destacar que el plano supraindividual supone un efecto disuasorio para aquel que vaya a agredir el bien jurídico, pues produce un efecto de prevención general, añadiendo así a la justificación de la figura una nota de carácter funcional.


Efectos
Siguiendo el esquema de la teoría del delito, la legítima defensa es una causa de justificación de una acción típica que impide que la conducta sea calificada como antijurídica, de manera que se aplica la eximente completa o la eximente incompleta, que supondrá la ausencia de pena en el primer caso (eximente completa), y su reducción en el segundo (eximente incompleta).
Así pues, las características de la figura han sido tradicionalmente expuestas en forma de requisitos esenciales e inesenciales, cuyo cumplimiento determina el grado de la eximente (requisitos inesenciales) o incluso la aplicabilidad o no de la legítima defensa (requisitos esenciales).

MARCELO EBRARD Y LA IGLESIA

UN TEMA MUY CONTROVERTIDO SIN DUDA, QUE RELACION CREEN USTEDES QUE TIENE CON EL 130 CONSTITUCIONAL.

El jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard, denunció por difamación a jerarcas de la Iglesia católica mexicana, luego de que éstos criticaran al funcionario por su promoción de los matrimonios entre personas del mismo sexo y dijeran que éste sobornó a los ministros de la Corte para que avalaran este tipo de uniones y su derecho a adoptar.
En conferencia de prensa, Ebrard anunció que inició el procedimiento legal contra el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara, y contra el vocero de la arquidiócesis de México, Hugo Valdemar.
Sandoval Íñiguez declaró el domingo que el jefe del GDF “maiceó” —sobornó— a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que éstos votaran a favor de la constitucionalidad de las bodas gay y el que estas parejas puedan adoptar.
El lunes, después de que se diera a conocer el aval de la Corte, Valdemar dijo que Ebrard, su gobierno y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) crean políticas que son más dañinas para la sociedad que el narcotráfico.
Ebrard exige que ambos jerarcas presenten pruebas de sus dichos o se retracten y ofrezcan una disculpa pública; también pide que paguen una indemnización económica por daño moral.
“Anima a esta demanda no sólo la defensa de la honra y del prestigio, que es un derecho de todo ciudadano (…), también lo hace la defensa del principio histórico de separación entre la Iglesia y el Estado”, dijo Ebrard.
El jefe del GDF afirmó que “debemos defender al Estado laico, porque es la garantía de la defensa de todos (…) es un instrumento jurídico de defensa de las libertades, un Estado que no está al servicio de una doctrina filosófica particular”.
Aseguró que el cardenal y voceros de la Iglesia han atacado a instituciones del Estado como la Corte y el GDF, y que “ninguna iglesia tiene derecho a imponer su filosofía particular”.
Desde la aprobación de las bodas gay en la Ciudad de México, en diciembre pasado, la Iglesia ha manifestado que éstas son un atentado contra la familia y la sociedad.

Opiniones!

Hola. hola a todos... me encantaria hacer un mini debate sobre la siguiente frase...

FACIL ES SER BUENO, DIFICIL ES SER JUSTO

Que opinan furturos abogados...

HAGAMOS UN TRATO

UN POCO DE POESÍA DE UNO DE MIS AUTORES FAVORITOS, MARIO BENEDETTI.

HAGAMOS UN TRATO

Compañera usted sabe que puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez sino contar conmigo . si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos no alerte sus fusiles ni piense qué delirio a pesar de la veta o tal vez porque existe usted puede contar conmigo . si otras veces me encuentra huraño sin motivo no piense qué flojera igual puede contar conmigo . pero hagamos un trato yo quisiera contar con usted es tan lindo saber que usted existe uno se siente vivo y cuando digo esto quiero decir contar aunque sea hasta dos aunque sea hasta cinco no ya para que acuda presurosa en mi auxilio sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo

Espero les haya gustado!

Pena de muerte para Secuestradores y Asesinos

USTEDES QUE OPININAN....

El PVEM presentará el miércoles una iniciativa para crear la Ley Federal contra ese flagelo, en la que incluye la pena de muerte para algunas modalidades.

La propuesta incluye la creación de una Policía Federal Antisecuestros y está encaminada a proteger la vida de los inocentes, asegura la diputada Gloria Lavara.
Ante los alarmantes niveles de impunidad que ofenden y agravian a la sociedad, el Partido Verde Ecologista de México presentó un plan integral de acciones para abatir el delito de secuestro, que incluye la aplicación de la cadena perpetua y la pena de muerte para algunas modalidades del mismo.

“Niego categóricamente que al proponer la pena de muerte, el Partido Verde haya renunciado a su postura de proteger la vida; nuestro propuesta se fundamenta precisamente en la ideología partidista a favor de la vida”, afirmó la coordinadora del grupo parlamentario del PVEM en la Cámara de Diputados, Gloria Lavara Mejía, tras señalar que en Estados Unidos diversos estudios indican que la ejecución de un delincuente evita entre tres y 18 asesinatos de víctimas potenciales.

En conferencia de prensa, la legisladora adelantó que el Partido Verde propondrá reformar el artículo 22 de la Constitución, para que se apliquen sanciones que van de la prisión vitalicia a la pena de muerte a los secuestradores cuando una persona sea privada de la vida durante su cautiverio, y para los servidores o ex servidores públicos de las corporaciones de seguridad pública que participen en la comisión de ese delito. La propuesta, que forma parte de la iniciativa integral para crear una Ley Federal contra el Delito de Secuestro, también contempla castigos que van de cadena perpetua a pena de muerte, cuando durante el plagio y cautiverio se cause a la víctima alguna mutilación o lesión física.

Lavara Mejía aclaró que en la postura del Partido Verde para incluir la pena de muerte en la Carta Magna no existe ánimo de venganza ni tampoco de que la justicia imponga sanciones equivalentes al daño, en lo que sería una especie de “Ley del Talión”.

Además, dijo, nuestra iniciativa establece que serán los jueces quienes dispongan si el castigo aplicable en estos casos es la prisión vitalicia o la pena de muerte y, a fin de evitar injusticias, proponemos que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la encargada de confirmar o revocar tales sanciones a partir de criterios que no dejen lugar a dudas sobre la culpabilidad de un indiciado.

Explicó que el objetivo principal de la iniciativa –que se presentará este miércoles 20 de agosto, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión- es la disuasión o intimidación para quienes se dedican a cometer secuestros y a mutilar o asesinar a sus víctimas.

La diputada federal sostuvo que los estudios realizados en Estados Unidos al respecto arrojan que 98 por ciento de los procesados por homicidios teme mucho más a la pena capital que a la cadena perpetua, de manera que la legalización y aplicación de la primera está asociada con la disminución de asesinatos en ese país.

“En los últimos años se han registrado en México hechos criminales que han trastornado la tranquilidad de los ciudadanos; entre éstos, la comisión de secuestros ha llegado a un nivel intolerable”, apuntó.

Expuso que apenas ayer la Unidad Antisecuestros de la Procuraduría General de la República (PGR) hizo un público un diagnóstico en el cual refiere que el secuestro creció 9.1 por ciento en los primeros cinco meses de este año, al pasar de 62.5 a 64.6 plagios mensuales, en promedio.

Además, de acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C., de 2001 a 2004 se denunciaron ante el Ministerio Público mil 724 secuestros, en tanto que la Confederación Patronal de la República Mexicana asegura que durante el año 2003 se registraron 600 plagios en el país, de los cuales apenas poco más de la mitad se denunció ante las autoridades.

El mismo Instituto Ciudadano informó hace unos días que mientras en todo 2007 se registraron 438 secuestros, en lo que va de este año se han perpetrado al menos 400.

En ese sentido, destacó que diversas fuentes ubican a México en el segundo sitio en la incidencia de ese delito, sólo detrás de Colombia, aunque algunas lo colocan ya por encima de esa nación sudamericana; es decir, en el primer lugar.

La desesperación de la sociedad ante la ausencia del Estado para combatir a la delincuencia ha llevado al 89 por ciento de la población a estar de acuerdo con que los ciudadanos hagan justicia por su propia mano, según muestra una encuesta reciente de Consulta Mitofsky, mientras que otro sondeo, hecho en abril pasado por la agencia de prensa AP y la empresa Ipsos, deja ver que 71 por ciento de los mexicanos apoya la pena de muerte en alguna medida, dijo.

“Hace ya mucho tiempo que los mexicanos venimos escuchando toda clase de discursos para combatir el crimen, promesas para limpiar a las policías y detener a los secuestradores; pero el único resultado visible, año tras año, es la impunidad”, resaltó la legisladora, integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara alta.

En ese sentido, consideró, la sociedad no puede permitir que una plaga de criminales haga del secuestro una actividad de poco riesgo y de grandes ganancias, y se encuentre libre de sanciones por sus actos de cobardía.

Por ello, añadió, en su propuesta el Partido Verde propondrá reformar el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, a efecto de que el delito de privación ilegal de la libertad sea exclusivamente de competencia federal, y se dispondrá que su persecución sea de oficio, sin la necesidad de presentar alguna denuncia o querella para comenzar la averiguación previa.

Lavara Mejía puntualizó que federalizar el delito supone la existencia de una sola autoridad y un solo responsable para atenderlo, además de que los autores de su comisión reciban el mismo tipo de castigo.

Abundó que la Ley Federal contra el Delito de Secuestro propuesta por el PVEM incluye la creación de un consejo federal para el combate del mismo, a fin de que se establezcan las políticas para su prevención y persecución, así como las bases para la coordinación entre las diversas dependencias federales involucradas.

El proyecto de ley mandata también la creación de la Policía Federal Antisecuestros, que, en coadyuvancia con el Ministerio Público, será el único cuerpo de seguridad encargado de prevenir e investigar este delito, destacó el legislador, al tiempo de aclarar que dicha agrupación estará sujeta a los más estrictos niveles de control de confianza.

Añadió que en su propuesta el Partido Verde considera necesario integrar una base nacional de datos con información relativa a organizaciones criminales y sus métodos de operación, así como de todos aquellos servidores públicos que estén encargados de la seguridad de los mexicanos.

Asimismo, se propone la creación de un fondo especial de recursos en el Presupuesto Público de la Federación, administrado por la Secretaría de Seguridad Pública, que servirá para llevar a cabo los programas y acciones contra el secuestro.

Se pretende además que la autoridad mantenga recluidos a los procesados o sentenciados por el delito de secuestro en Centros Federales de Readaptación Social de seguridad máxima.

Toda vez que corresponde al Estado enfrentar el delito del secuestro y no a particulares o a las familias que lo sufren, ni a terceros involucrados que muchas veces no están capacitados para enfrentar ese tipo de situación, “propondremos reformar la Ley Federal de Seguridad Pública, a fin de que las empresas de seguridad privada se abstengan de intervenir como intermediarios o negociadores durante la comisión de cualquier delito”, señaló la diputada.

Explicó que los legisladores verde ecologistas impulsarán también una reforma a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para que se prohíba a esas empresas ofrecer seguros contra secuestros y se hará lo conducente para que la Cámara de Diputados dé seguimiento al desempeño y resultados de las leyes contra ese delito.

Lavara Mejía sostuvo que como partido político el PVEM está obligado a responder a escenarios de crisis como el actual y a poner sobre la mesa de discusión alternativas para la sociedad.

“La población reclama acciones firmes y decididas que no podemos ignorar; nuestra obligación como representantes populares es buscar la canalización de esos reclamos a las instituciones encargadas de su análisis; los secuestradores se han excedido y se han reproducido como una plaga que es preciso extirpar”, denunció la líder de los diputados ecologistas.

Afirmó que con su propuesta el Partido Verde refrenda su compromiso con la vida, particularmente con la de los inocentes a los que se busca proteger; “la sociedad mexicana tiene derecho a saber si la instauración de la pena de muerte en México salvará vidas inocentes, como lo ha hecho en otras naciones”.

A su vez, el senador Arturo Escobar y Vega añadió que durante la sesión del próximo miércoles 27 de agosto el PVEM presentará una iniciativa adicional para crear un Fondo Nacional Antisecuestro, encaminado a recaudar dinero de la sociedad para otorgar recompensas cuantiosas a quienes denuncien a secuestradores.

“Se integraría con recursos públicos y privados, y estaría bajo el manejo y la tutela de la sociedad civil. Creemos que así como hay desastres naturales en nuestro país, la seguridad pública en México tendría que estar catalogada como un desastre y ante esa realidad, convocaremos a la ciudadanía a que abone y que invierta en su seguridad”, dijo.

El legislador, integrante de la Comisión de Justicia de la cámara alta, explicó que el objetivo es arrinconar y cercar “a estos desalmados” que han quitado la libertad a los mexicanos.

Aseguró que la del PVEM no es sólo una propuesta mediática y sostuvo que su aplicación dará resultados inmediatos para abatir los secuestros en México.

En cuanto a la marcha contra la delincuencia, convocada para el próximo 30 de abril, Escobar y Vega señaló que los militantes del Partido Verde no participarán en la misma, en virtud que los legisladores tienen también responsabilidad en la solución del clima de inseguridad que se vive en el país.

“En lugar de asistir a ese evento, que es loable desde cualquier punto de vista, el Partido Verde ha decidido dar un paso adelante y asumir su responsabilidad, por lo que hoy estamos anunciando esta serie de propuestas para combatir al peor de los delitos, con el peor de los castigos”, concluyó.





Secretaría de Comunicación Social
CEN PVEM

El Matrimonio entre Homosexuales

CUAL ES SU PERSPECTIVA, QUE TAN PREPARADO CREEN USTEDES QUE ESTA LA SOCIEDAD MEXICANA PARA ACEPTAR EL MATRIMONIO ENTRE HOMOSEXUALES

 

 

Es un ordenamiento aprobado el día 9 de noviembre del 2006 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la ciudad de México. Los lineamientos para su aplicación se publicaron el 5 de marzo del 2007. Da reconocimiento legal a aquellos hogares formados por personas sin parentesco consanguíneo o por afinidad. La ley contempla y determina ciertos derechos y obligaciones para los miembros de la sociedad de convivencia, de los que carecían muchas familias antes de la creación de esta ley. Entre otros, se definió en ella el derecho a heredar (la sucesión legítima intestamentaria), a la subrogación del arrendamiento, a recibir alimentos en caso de necesidad y a la tutela legítima —en casi todo México sólo gozan de estos derechos los ascendientes, descendientes o el cónyuge legal de una persona. Gracias a esta nueva ley, se pueden registrar sociedades de convivencia en el Distrito Federal a partir del día 16 de marzo del 2007.                   Es una ley civil autónoma de interés público. Aún si se limitara a dar algún beneficio a una minoría seguiría conservando este carácter (al igual que la Ley de Derechos de Autor, que solamente protege a los creadores), pero en realidad reconoce derechos y obligaciones para las personas que suscriben un convenio de sociedad de convivencia, es decir, desde el momento en que los convivientes firman su convenio adquieren derechos y obligaciones bilaterales. Al registrar este convenio ante la Dirección Jurídica de la delegación política correspondiente, comienzan a surtir efecto sus derechos oponibles a terceros equivalentes a conconcubinos (pareja de hecho). Luego de dos años del registro, se adquiere también el derecho a ejercer legítimamente la tutela sobre la persona conviviente y sobre sus bienes (en caso de enfermedad grave o imposibilidad de gobernarse), de manera equivalente a los cónyuges.

Una ley polémica: homosexualidad y estado civil                                                                                                                       Esta ley adquirió una notable celebridad debido a que los medios de comunicación la manejaron como una legislación presuntamente destinada a equiparar las relaciones homosexuales al matrimonio, cuyo acceso está actualmente reservado exclusivamente para parejas heterosexuales. En realidad, esta ley no reconoce vínculos familiares y solamente concierne a los adultos de cualquier sexo o género que subscriban el convenio, en ningún caso a los menores hijos de cualquiera de los convivientes. Además, el hecho de establecer una sociedad de convivencia no cambia el estado civil de los convivientes, que siguen siendo solteros legalmente. Por ello, la sociedad de convivencia no es realmente equiparable a un matrimonio, sino que más bien es una forma de unión civil.

Especificidad de la ley                                                                                                                                                                Por ser una ley especial su diseño legal presenta algunas características distintas:                                                                Para hacer efectivo el derecho a obtener alimentos tienen que transcurrir dos años y en relación con los derechos sucesorios la ley remite a las reglas del Código Civil, por lo que el conviviente que sobrevive heredará como si fuera el cónyuge del conviviente muerto. Si existen hijos, heredará como un hijo y, si existen padres, heredará la mitad del patrimonio.                                                                                                                     La tutela debe declararse judicialmente, proceso que no es automático, pero en el que se sigue un orden para que el juez designe tutor, pues en este procedimiento intervienen todos aquellos que legalmente puedan ejercitarla. Como la Ley de Sociedad de Convivencia equipara al conviviente con el concubino y con el cónyuge, se entiende que el juez deberá preferir en primer lugar, para designar tutor, al conviviente.                          Las sociedades de convivencia se inscriben en un registro propio, distinto al Registro Civil, pero las autoridades administrativas ante las que se registran se cercioran previamente a la formalización del acto de que ninguno de los solicitantes se encuentre unido en matrimonio.

Alcances de la ley                                                                                                                                                                    En cuanto a los alcances de la ley, próximamente podremos conocer si a través de demandas contra el IMSS por discriminación se logra jurisdiccionalmente obtener la equiparación plena al concubinato para los fines de seguridad social (atención médica para el conviviente no asegurado y pensiones de viudedad).                 A través del matrimonio y el concubinato se puede tener acceso a los beneficios de la seguridad social, no por alguna dispoisición intrínseca establecido en el Código Civil, sino por lo que establecen los reglamentes del IMSS, ISSSTE, ISSFAM, como organismos federales de seguridad social.

Historia de la ley                                                                                                                                                                     La primera iniciativa de Ley de Sociedad de Convivencia fue presentada por la legisladora independiente Enoé Uranga desde el año 2001, pero en aquel entonces fue bloqueada por el Partido Acción Nacional (PAN), por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) e incluso por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).                                                                                                                                                                La ley fue apoyada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), por el Consejo Nacional para Eliminar y Prevenir la Discriminación (Cenapred), por las organizaciones feministas y de derechos de las minorías sexuales (ONG), y también por intelectuales y artistas diversos.                                                                La ley fue atacada por la jerarquía de la iglesia católica, por la Agrupación Política Nacional Encuentro Social y por el partido local del Estado de México Unidos por México (que agrupan a evangélicos fundamentalistas) y organizaciones conservadoras paracatólicas como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), los Caballeros de Colón, RedFamilia y ProVida.

Según una encuesta realizada por la empresa Parametría en mayo de 2003, el 55 por ciento de la población general estaba a favor de la ley de sociedades de convivencia. Desagregada, la información muestra que:

• quienes tienen entre 18 y 35 años son quienes más están de acuerdo (un 67 por ciento), y
• quienes están más en desacuerdo son los mayores de 55 años (con un 45 por ciento);

Historia de la iniciativa de ley                                                                                                                                                    La legisladora independiente Enoé Uranga presentó la iniciativa original en el año 2000, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la II Legislatura de la ALDF. Una vez que la influencia del líder perredista Andrés Manuel López Obrador disminuyó después de una apretada derrota en las elecciones presidenciales del 2 julio del 2006 y de que Alejandro Encinas, por entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, apoyó el proyecto de ley, el PRD, bajo la coordinación del diputado Víctor Hugo Círigo, la convirtió en el primer objetivo legislativo de su bancada, que es mayoritaria en la Asamblea Legislativa y, en gran medida, gracias a ella se logró su aprobación. Formalmente, la iniciativa fue vuelta a presentar en esta IV Legislatura de la ALDF por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.                                                    La ley contó además con los votos del Partido Revolucionario Institucional y con los de los partidos Convergencia Democrática, Nueva Alianza (dividido, pues Gloria Cañizo se abstuvo y Fernando Espino Arévalo votó en contra) y Partido del Trabajo, pero con la abstención del Partido Verde y la franca oposición del Partido Acción Nacional (PAN), quien argumento que la iniciativa no había sido lo suficientemente discutida, a pesar de que llevaba casi seis años en debate. Los observadores afirman que el PAN se opuso debido a su cercanía ideológica a la iglesia católica. Un diputado del PRD, Samuel Hernández Abarca, se abstuvo debido a que pertenece a la iglesia fundamentalista de origen mexicano La Luz del Mundo.

Otros beneficiados

Dado que la sociedad de convivencia puede terminarse por mera notificación presentada por una de las partes (o por ambas) a la Dirección Jurídica de la delegación política correspondiente, cada vez un mayor número de parejas heterosexuales la consideran seriamente como una opción menos coercitiva que el contrato matrimonial usual.                                                                                                                                          Cómo usar la ley

• La Ley de Sociedad de Convivencia sólo cubre a quienes cuenten con un comprobante de domicilio del hogar común en el Distrito Federal. Pero es efectivo su cumplimiento en todo el país, dado el principio constitucional que establece la vigencia de los actos jurídicos reconocidos en un estado, o en el DF, en todos los demás estados de la república.
• Podrán establecer una sociedad de convivencia dos personas mayores de edad que sean del mismo sexo o de diferentes sexos.
• No pueden estar casados, tener otra sociedad de convivencia, ni mantener un concubinato.
• No pueden tener parentesco ascendente o descendente, ni lateral hasta en cuarto grado.
• Se requiere la presentación de dos testigos.
• La sociedad de convivencia es esencialmente un convenio bilateral, que no es constituido por la autoridad, sino por el libre acuerdo entre los convivientes. Se puede elaborar un convenio que fije los acuerdos de propiedad y de convivencia, pero cualquier transpaso de propiedades inmuebles debe necesariamente, para tener validez plena, hacerse por escritura pública y registrarse ante el registro público de la propiedad.
• El convenio es vigente para cuestiones bilaterales desde el momento en que lo firmen los convivientes, pero para ser oponible a terceros debe registrarse ante la dirección jurídica y de gobierno de la delegación en donde se ubique el domicilio común.
• El trámite debe realizarse ante la Jefatura de Unidad Departamental de Justicia Cívica y Registro Civil de la delegación política correspondiente al domicilio común de convivencia.
• Las solicitudes para el trámite de ratificación y registro se distribuyen, desde el 16 de marzo de 2007, en la delegación política correspondiente al domicilio común de convivencia.
• El costo del trámite de registro es de unos $86 pesos, y la terminación o cualquier modificación del convenio patrimonial y de convivencia cuestan unos $1,450 pesos.

·         La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó ayer reformas para despenalizar el aborto en la ciudad de México durante las primeras 12 semanas de embarazo.

·         Los cambios al Código Penal y a la Ley de Salud se aprobaron con 46 votos de los diputados del PRD, PRI, Nueva Alianza y la coalición socialdemócrata que integran el PT, Convergencia y Alternativa. Los 17 asambleístas del PAN y dos del PVEM votaron en contra, en tanto que el priísta Martín Olavarrieta fue el único que se abstuvo de emitir su sufragio.

·         El aborto sólo se tipificará como un delito a partir de la semana 13 y se castigará a la mujer que lo practique desde ese momento, con una pena de tres a seis meses de cárcel o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad.

·         En la reforma se establece como delito grave obligar a una mujer a abortar, por lo que se impondrán de cinco a ocho años de cárcel a quien fuerce a la mujer, sin derecho a salir libre bajo fianza. Si en este caso mediara violencia física o moral, la pena de prisión se incrementará de ocho a 10 años.

·         Los diputados del PAN argumentaron que el documento "está plagado de vicios de procedimiento, se contradice con la Constitución porque ésta tutela el derecho a la vida y no sustenta científicamente por qué un feto menor de 12 semanas no se considera un ser vivo".

·         En respuesta, los diputados que apoyaron la despenalización insistieron en su defensa de los derechos a decidir y de la vida de las mujeres; dijeron que de esta forma se garantizará una atención médica integral y sin riesgos para la mujer que decida abortar.

·         La presidenta del PAN capitalino, Mariana Gómez del Campo, insistió en que su partido promoverá una accion de inconstitucionalidad de las reformas, pero a través de las comisiones Nacional de Derechos Humanos o del DF, o en su caso desde la Procuraduría General de la República, que son las instancias facultadas para impugnar el decreto.

·         El consejero jurídico de la Presidencia, Daniel Cabeza de Vaca, adelantó que la PGR revisará la reforma para decidir si inicia o no un proceso de inconstitucionalidad.

·         Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que denunció al PAN ante la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral por difundir un spot contra el aborto en el cual, consideró, se distorsionó y se lesionó gravemente la imagen de los juzgadores.